Horizontal propone fórmula para garantizar una renta universal a familias y trabajadores vulnerables

Los efectos de la pandemia se han hecho sentir con todo en el mercado laboral, con más de dos millones de puestos de trabajo destruidos y un aumento en la pobreza tanto general como extrema.Por lo mismo, el debate sobre establecer transferencias universales desde el Estado a las familias y trabajadores más vulnerables se ha tomado la discusión presidencial, con propuestas que cruzan todo el arco político.

Un insumo clave para la discusión en la centroderecha será un documento elaborado por Horizontal -entidad ligada a Evópoli-, en el que se aterriza la idea de una Renta Universal Garantizada, a través de dos mecanismos: un impuesto negativo al ingreso (INI); y una transferencia directa a los hogares más vulnerables.

El INI es una transferencia monetaria realizada por el Fisco a los trabajadores para fomentar su formalización, suplementando sus ingresos.

Se basa en el Earned Income Tax Credit (EITC), introducido por primera vez en 1975 en Estados Unidos para fomentar el trabajo de las personas de menores ingresos. Se trata de un crédito sujeto a que el individuo se encuentre ocupado. Si el monto del crédito es mayor que lo que una familia debe pagar en impuestos, entonces se le hace una transferencia monetaria.

Algunos países con programas similares son Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Australia, señala el documento.

La propuesta del centro de estudios es que el INI se entregue a trabajadores con un salario bruto de hasta $ 688.891 y el monto variará dependiendo de los ingresos laborales brutos, con un tope máximo de $ 138.800 por persona, lo que permitiría -por ejemplo- que quienes cobran el salario mínimo aumenten su ingreso disponible a $ 400.000.

La cobertura esperada es de cuatro millones de personas, pero dependiendo de la aditividad, o sea, la cantidad de personas que se vean incentivadas a entrar al mercado laboral gracias al aporte, dicha cifra podría aumentar a 5,3 millones, con un cobro promedio que oscilaría entre $ 83 mil y $ 104 mil y un costo para el Fisco de hasta US$ 7.364 millones.

Transferencias complementarias

Dado que el INI tiene como foco a los trabajadores formales, Horizontal propone como complemento una transferencia estatal única destinada a hogares que se ubiquen bajo la línea de la pobreza, que les permita salir de esa categoría.

El plan se divide en dos etapas.

La primera, enfocada en las familias cuyas entradas las sitúan bajo la línea de la pobreza extrema (un 11% del total), en la que la suma de los ingresos autónomos y el aporte estatal les permita igualar o superar el límite de la pobreza extrema. El costo fiscal de esta fórmula sería de unos US$ 1.200 millones.

Mientras que en el segundo nivel, el foco serán los hogares que perciben ingresos menores al umbral de la pobreza general (entre 15% y 20% de las familias), con lo que sumando sus ingresos más la bonificación estatal se alcance un estado que les permita subsistir más allá de la línea de la pobreza.

¿El gasto que deberá desembolsar el Fisco? Horizontal lo estima en cerca de US$ 3.000 millones.

El documento proyecta el efecto de la Renta Universal Garantizada sobre distintos indicadores de vulnerabilidad, reduciendo en al menos tres puntos la pobreza e incluso alcanzando una erradicación de ambos tipos de pobreza en un horizonte de cinco años (ver tablas).

¿Cómo se financia la nueva figura?

Sumando los programas, el costo para el sector público ascendería a US$ 8.564 millones al año.

Su fuente de financiamiento será, inicialmente, el reemplazo y concentración del gasto destinado a algunos programas sociales mal evaluados, reasignación de ciertas transferencias directas existentes y gasto público allegado a través de impuestos.

Así, en los cálculos de Horizontal, alrededor de un 25% de los recursos destinados a programas con propósitos, focalización y cobertura inadecuados podrían reasignarse (US$ 1.900 millones), a lo que se agrega la racionalización de gastos administrativos en el aparato público.

¿Y la diferencia? El think tank plantea recolectarlos desde nuevas fuentes de financiamiento.